Comunicació i Espai Divulgatiu
El Tribunal de Cuentas analiza la gestión de los derivados de las principales entidades del sector público empresarial estatal
La fiscalización examina los derivados vigentes entre 2016 y 2023 de doce entidades del sector público empresarial estatal y para diez de ellas analiza la gestión de los swaps vinculados a préstamos a tipo variable mantenidos en un contexto prolongado de tipos de interés bajos o negativos.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de los derivados financieros mantenidos por las entidades del sector público empresarial estatal no financiero, ejercicios 2016 a 2023.
La fiscalización examina las operaciones realizadas por las doce entidades del sector público empresarial estatal no financiero con mayor volumen de derivados financieros, que concentraban más del 90 % de los saldos contabilizados. Diez de ellas mantenían swaps vinculados a préstamos a tipo variable, suscritos para transformar esa financiación en deuda a tipo fijo y cubrir el riesgo de futuras subidas de los tipos de interés, cuya evolución analiza la fiscalización.
Durante buena parte del periodo fiscalizado, los tipos de interés se mantuvieron en niveles bajos o negativos. El informe señala que estos instrumentos solo son eficaces para eliminar el riesgo de subida de los tipos de interés de los préstamos cuando estos son elevados y se prevé que continúen al alza. En el contexto de tipos bajos o negativos que predominó durante buena parte del periodo fiscalizado, esa función de cobertura perdió su eficacia. Durante ese periodo, las diez entidades pagaron intereses de los préstamos cubiertos por 289 millones de euros e intereses netos totales de los swaps por importe de 401 millones de euros, de los que 383 millones correspondieron a la rama a tipo fijo a pagar y 18 millones a la rama variable a cobrar (transformada en pagos, al no replicar los bancos las cláusulas suelo del 0% aplicadas a los préstamos).
Cuatro entidades abonaron 89 millones de euros por la cancelación anticipada de derivados. De este importe, 34 millones correspondieron a la cancelación voluntaria de ocho swaps por la Autoridad Portuaria de Valencia. El Tribunal considera que habría sido más prudente demorar esa decisión para comprobar si se consolidaba la mejora experimentada en la valoración de los derivados, tal como se desprendía al analizar en profundidad el informe de la consultora contratada para asesorarle. Otros 46 millones correspondieron a la cancelación anticipada de un swap complejo de ACUAMED, operación que el informe considera que no debería haberse suscrito por una entidad del sector público, pues incluía una cláusula de cancelación obligatoria anticipada, que lo convertía en una mera apuesta sobre los tipos aplicables en una determinada fecha.
La fiscalización concluye que la mayoría de las entidades no verificó que los derivados se hubieran suscrito a precio de mercado ni comprobó el coste de las cancelaciones anticipadas. Además, pone de manifiesto que no todos los swaps fueron autorizados o comunicados a los órganos competentes, e incluso una Entidad contrató dos swaps diferentes a los aprobados.
En relación con las características de estas operaciones, el Tribunal considera que los swaps complejos no deberían haberse suscrito, al incluir la compra de opciones que limitaban los beneficios que podían obtener las entidades, mientras que las posibles pérdidas no estaban limitadas.
Finalmente, el Tribunal formula diversas recomendaciones para reforzar la gestión, el control y la supervisión de este tipo de operaciones financieras. Entre ellas, propone reforzar la participación de los consejos de administración en la definición de las políticas de cobertura de riesgos financieros y realizar una consulta al Banco de España o el ejercicio de acciones judiciales respecto de las liquidaciones de la rama variable de los swaps durante los periodos de tipos negativos, para determinar si procedía o no el pago de la rama a tipo variable o procedía aplicar una cláusula suelo del 0 %.