Comunicació i Espai Divulgatiu
El Tribunal de Cuentas aprecia amplios márgenes de mejora en la regulación y el control de las percepciones económicas de los cargos electos en seis grandes ayuntamientos
La fiscalización analiza las retribuciones, asistencias e indemnizaciones de los concejales, durante 2024, en los Ayuntamientos de Alicante, Bilbao, Córdoba, Murcia, Palma y Las Palmas de Gran Canaria. El informe plantea revisar el marco jurídico vigente para facilitar el acceso a la información tributaria necesaria en el ejercicio de la función fiscalizadora del Tribunal.
El Pleno ha aprobado el Informe de fiscalización de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio de los miembros de los órganos de gobierno de los ayuntamientos de municipios de entre 300.000 y 500.000 habitantes, ejercicio 2024.
El informe concluye que existe un “nivel aceptable de cumplimiento legal” en las percepciones económicas de los cargos electos, si bien identifica “amplios márgenes de mejora” en la regulación, el control interno, la integridad y la transparencia. Con carácter general, los ayuntamientos fiscalizados respetaron los límites máximos legales aplicables a las retribuciones, asistencias e indemnizaciones por razón del servicio de dichos cargos, aunque identifica aspectos susceptibles de mejora en los mecanismos de control, en especial, sobre sus declaraciones de bienes y actividades, régimen de incompatibilidades o acumulación de cargos en las entidades instrumentales así como en las políticas de integridad y en la prevención de situaciones de eventuales conflictos de interés.
Durante el ejercicio 2024, los alcaldes y resto de concejales de los seis ayuntamientos fiscalizados percibieron 9,3 millones de euros en retribuciones, 363.357 euros en asistencias y 134.245 euros en indemnizaciones por razón del servicio. La fiscalización examina la adecuación de estas percepciones al marco normativo aplicable y los procedimientos establecidos para su gestión y control.
La fiscalización estuvo condicionada por una limitación al alcance, al no haber podido acceder el Tribunal de Cuentas a la información tributaria solicitada para contrastar determinados extremos relacionados con los límites retributivos y las posibles situaciones de incompatibilidad o conflicto de intereses. El informe considera necesario revisar el marco jurídico vigente para facilitar el acceso a esta información cuando resulte necesaria para el ejercicio de las funciones fiscalizadora y jurisdiccional del Tribunal.
Entre las principales conclusiones, el Tribunal pone de relieve que el desarrollo normativo local del estatuto económico de los cargos electos continúa siendo incompleto y desigual. Asimismo, detecta “significativas carencias de control interno” sobre las percepciones económicas de los cargos electos, especialmente en materia de declaraciones de bienes y actividades, incompatibilidades, acumulación de cargos en entidades instrumentales y prevención de conflictos de interés. El informe constata también un cumplimiento desigual de las obligaciones de transparencia y la necesidad de seguir avanzando hacia una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de dirección de las entidades instrumentales.
El Tribunal formula recomendaciones dirigidas a reforzar la regulación del estatuto económico de los cargos electos, mejorar los mecanismos de control interno, fortalecer las políticas de integridad y transparencia y revisar el marco jurídico que regula el acceso a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones. Con ello, las recomendaciones persiguen contribuir a una gestión más homogénea, transparente y con mayores garantías en las entidades locales.