El Tribunal de Cuentas recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se realicen a través de transferencias corrientes en lugar de préstamos a largo plazo

Las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado (DCGE) vienen poniendo de manifiesto recurrentemente en los últimos años, los problemas financieros y de carácter estructural reflejados en el balance de la Seguridad Social a través de su patrimonio neto negativo y de su endeudamiento frente al Estado.

La Nota elaborada por el Tribunal tiene por objeto ampliar la información sobre el efecto que el endeudamiento con el Estado tiene sobre el balance de la Seguridad Social y la imagen que proyecta sobre la situación financiera del sistema.

El Tribunal recomienda que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se instrumentalicen a través de transferencias corrientes consignadas en los Presupuestos Generales del Estado o mediante las que resulten precisas para atender necesidades coyunturales, con arreglo a los mecanismos que se establezcan legalmente y no mediante préstamos a largo plazo. Asimismo, considera que deberían adoptarse las medidas necesarias para readaptar el reflejo contable del endeudamiento conforme a su verdadera naturaleza económica de transferencias corrientes.

La Nota pone de manifiesto que la deuda por préstamos asciende a 126.171 millones de euros de los que 17.169 millones corresponden a préstamos otorgados entre 1992 y 1999, y 109.002 millones al endeudamiento contraído entre 2017 y 2024.

Según el análisis realizado, si dichas aportaciones se hubieran instrumentado como transferencias corrientes, en coherencia con la naturaleza económica de los gastos financiados, la imagen reflejada por el balance de la Seguridad Social sería significativamente distinta. En particular, el patrimonio neto dejaría de presentar un saldo negativo superior a 110.000 millones de euros. En la simulación realizada por el Tribunal, el saldo pasaría a ser positivo en 12.174 millones, mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría desde los actuales 126.171 millones hasta aproximadamente 27 millones.

A 31 de diciembre de 2024, el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado asciende a 135.253 millones de euros. Lo forman préstamos a largo plazo por importe de 126.171 millones de euros, que representan un 7,9 % del PIB de 2024, y una deuda a corto plazo a favor de la Administración General del Estado derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y servicios sociales traspasados a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra por importe de 9.082 euros, pendiente de liquidación y pago.

El Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo, aprobado por el Pleno del Congreso en su sesión de 19 de noviembre de 2020, señalaba que para 2023 debería haberse acabado con la política de préstamos al sistema. En 2024 y 2025 se han concedido dos nuevos préstamos por 10.004 millones de euros cada uno - con base en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado del ejercicio 2023.

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