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La fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial constata que su escasa dotación limita el cumplimiento de su finalidad
El informe analiza por primera vez de forma específica la gestión de estos fondos en Cantabria, Extremadura, la Región de Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de los Fondos de Compensación Interterritorial (FCI) correspondiente al ejercicio 2023, en el que se analiza el grado de cumplimiento de la normativa reguladora de estos fondos en las comunidades y ciudades autónomas que carecen de órgano de control externo autonómico.
En 2023, la dotación total de los Fondos de Compensación Interterritorial ascendió a 432,43 millones de euros, si bien el informe pone de relieve que la cuantía de estos fondos se ha reducido de forma continuada en los últimos años, hasta situarse en torno al 32 % del nivel alcanzado en 2009. En este contexto, la valoración global del informe subraya que “derivada de la escasa dotación de estos fondos, la consecución del fin para el que fueron previstos se ve seriamente condicionada”.
La fiscalización realizada presenta un carácter singular, ya que, a diferencia de ejercicios anteriores, en los que el análisis de los FCI se incluía en la fiscalización de la Cuenta General de cada comunidad y ciudad autónoma beneficiaria, el Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo por primera vez una fiscalización específica e independiente, en cumplimiento del mandato legal contenido en la normativa reguladora de estos fondos.
El informe examina la gestión de los FCI en las comunidades autónomas de Cantabria, Extremadura y la Región de Murcia, así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y constata deficiencias comunes en la ejecución y el control de los proyectos financiados. En particular, señala que los proyectos se definen de manera genérica en el anexo de los Presupuestos Generales del Estado -con la excepción de Cantabria-, lo que dificulta el seguimiento del destino concreto de los recursos.
Asimismo, el Tribunal advierte de que estos proyectos son objeto de modificaciones que no siempre se ajustan a los supuestos autorizados por la normativa y de que ninguna de las administraciones fiscalizadas dispone de un registro adecuado que permita recoger de forma sistemática su ejecución.