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La fiscalización del transporte público urbano constata avances en movilidad sostenible, aunque señala la necesidad de reforzar el seguimiento de las actuaciones
El informe analiza más de 414 millones de euros ejecutados por nueve ayuntamientos e identifica incidencias en la ejecución de determinadas actuaciones.
El Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado el Informe de fiscalización de las medidas adoptadas por los ayuntamientos para avanzar hacia una movilidad sostenible en el transporte público colectivo, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024. La fiscalización se centra en una política pública de elevada relevancia social, teniendo en cuenta que “cada año se realizan en España más de tres mil millones de viajes urbanos en transporte regular colectivo, por lo que los ayuntamientos han de impulsar una movilidad accesible, eficiente, eficaz e inclusiva”.
El informe analiza las actuaciones desarrolladas por nueve grandes ayuntamientos -Alicante, Bilbao, Córdoba, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Murcia, Palma, Sevilla y Zaragoza- por un importe total de 414,1 millones de euros destinados principalmente a la renovación de flotas, y el despliegue de infraestructuras para la recarga de vehículos (62,8%) y a obras y estructuras en la vía pública (26,2%). De este importe, el 43,8 % se financió con recursos externos, fundamentalmente procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los ayuntamientos recibieron subvenciones por valor de 169 millones de euros en primera convocatoria y 65,6 millones en la segunda.
Según el Tribunal de Cuentas, “las actuaciones ejecutadas han supuesto un avance respecto a la situación en que se encontraba el servicio en los ejercicios anteriores”, especialmente en la incorporación de material móvil más eficiente, el incremento de infraestructuras de recarga y el impulso de proyectos de digitalización y promoción del transporte público.
No obstante, el informe pone de relieve diversas limitaciones que afectan a la eficacia global de las medidas adoptadas. Aunque todos los ayuntamientos fiscalizados disponen de instrumentos de planificación en materia de movilidad sostenible, el Tribunal constata que su seguimiento ha sido limitado.
Asimismo, el informe identifica incidencias en la ejecución de determinadas actuaciones, como demoras, modificaciones contractuales, suspensiones de obras y ampliaciones de plazos. A ello se añade la ausencia, con carácter general, de evaluaciones posteriores que permitan valorar la efectividad real de las actuaciones una vez finalizadas.
A la vista de los resultados de la fiscalización, el Tribunal de Cuentas formula diversas recomendaciones.