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La estrategia española de ciencia e innovación necesita reforzar la medición de sus resultados y garantizar sus fuentes de financiación
El informe aprecia avances en la planificación y la gobernanza de la I+D+I, pero insta a mejorar la definición de objetivos, su seguimiento, la evaluación de su impacto y a valorar fuentes alternativas de financiación.
La Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI) constituye el principal instrumento de planificación de las políticas públicas de investigación, desarrollo e innovación en España. A través de ella se definen los fines, las líneas de actuación y los mecanismos para evaluar su desarrollo y resultados.
El Tribunal de Cuentas concluye que la EECTI 2021-2027 está “adecuadamente diseñada” y ha supuesto un avance respecto a la estrategia anterior. No obstante, identifica “carencias y aspectos a mejorar” relacionados con la definición de objetivos, el establecimiento de metas y la medición de resultados que permitan valorar con precisión el grado de cumplimiento de la estrategia.
El informe señala que los mecanismos de seguimiento y evaluación existentes se sustentan principalmente en información presupuestaria y de gestión de las actuaciones. Sin embargo, carecen de información relevante sobre el grado de consecución de los objetivos estratégicos.
Por ello, el Tribunal recomienda reforzar la calidad de la planificación estratégica mediante objetivos más claros y evaluables, metas cuantificables y mecanismos que permitan relacionar las actuaciones desarrolladas con los resultados alcanzados y su impacto.
La fiscalización considera “coherente y adecuado el marco de gobernanza para la consecución de sus fines”. La participación de múltiples administraciones públicas y agentes del sistema científico y de innovación refuerza la importancia de disponer de mecanismos eficaces de coordinación y evaluación.
El Tribunal destaca también la robustez del Sistema de Información de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI), una herramienta en continua evolución que ofrece importantes posibilidades para reforzar el análisis de resultados, mejorar la toma de decisiones y avanzar en la evaluación del impacto de las políticas públicas de I+D+I.
La disposición adicional sexta de la Ley 17/2022, de 5 de septiembre, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, prevé un incremento regular de los presupuestos de los agentes públicos con el objetivo de alcanzar el 1,25% del PIB en 2030. En esta línea, al analizar las disposiciones presupuestarias de fondos para I+D+I, se deduce que tal objetivo ya se viene cumpliendo desde 2022, sin embargo, hay que resaltar que ese cumplimiento se debe al notable incremento de las partidas presupuestarias financiadas con los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Si no se tuvieran en cuenta dichos fondos, dada su naturaleza excepcional y temporal, la financiación disponible rondaría el 1% y, en concreto, en 2024 el 0,97%, por lo que alcanzar el pretendido 1,25% del PIB en 2030, supondría aumentar en torno al 30% el esfuerzo presupuestario en 2030 (al menos 4,500 M€), según el PIB de 2024.