Asunto: Recurso de apelación, rollo n.º 3/2026, interpuesto contra la Sentencia n.º 8/2025, de 28 de julio, dictada por la Excma. Sra. Consejera de Cuentas del Departamento Primero de la Sección de Enjuiciamiento, en los autos del Procedimiento de Reintegro por Alcance n.º A78/2024, del ramo Sector Público Local (Informe de fiscalización horizontal sobre percepciones económicas no salariales e indemnización de gastos efectivos en entidades locales: indemnizaciones por razón de servicio, asistencias y otros gastos. Ayuntamiento de Catoira), Pontevedra.
Resumen doctrina: Se desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia.
La parte apelante funda su recurso en los siguientes motivos: (i) aduce que no se ha producido menoscabo alguno en los caudales públicos municipales; (ii) manifiesta que, en relación con el requisito determinante de la responsabilidad contable relativo a la vulneración de la normativa contable y presupuestaria aplicable, la sentencia de instancia no identifica cuál es la concreta infracción normativa que se habría producido como consecuencia de su actuación en relación con los hechos enjuiciados; (iii) advierte que existía cobertura presupuestaria suficiente en cada ejercicio económico para realizar los pagos que la sentencia apelada considera como no justificados; (iv) en las alegaciones cuarta y quinta del recurso sostiene la inexistencia de negligencia en su actuación respecto de los hechos enjuiciados.
El recurso se desestima por los siguientes fundamentos: en cuanto a los motivos primero a tercero (i a iii) que se refieren a la inexistencia de daño causado a los fondos públicos municipales y la ausencia de vulneración de la normativa contable y presupuestaria aplicable, durante los meses de enero a septiembre de 2018, el Alcalde desempeñaba sus funciones en régimen de dedicación exclusiva y, por lo tanto, se encontraba sujeto al Régimen General de la Seguridad Social, de tal manera que, según lo previsto en los artículos 136 de la LGSS y 75 de la LBRL, el Ayuntamiento debía proceder en la forma establecida en el artículo 142 de la LGSS, esto es, debía detraer de la nómina del trabajador la cuota correspondiente a la aportación de este e ingresarla en la Tesorería de la Seguridad Social junto con la cuota empresarial correspondiente al Ayuntamiento. Sin embargo, durante los meses de enero a septiembre de 2018, la Corporación municipal ingresó en su totalidad, con cargo a los fondos públicos municipales, las cuotas de la Seguridad Social correspondientes al alcalde sin descontarlas de la nómina de éste.
Por otro lado, frente a lo alegado por el apelante sobre la ausencia de vulneración de la normativa contable y presupuestaria aplicable, en relación con el especifico menoscabo originado por la asunción de la cuota del trabajador por parte del Ayuntamiento, la sentencia de instancia sí identifica expresamente la normativa contable y presupuestaria aplicable que resulta vulnerada en el presente caso, y que concretamente se contiene en los artículos 136 y 142 de la LGSS; el artículo 75.1 de la LRBRL; y, en aplicación expresa de este precepto, el Acuerdo plenario municipal de fecha 23 de junio de 2015. Por lo demás, debe añadirse que, a efectos de la resolución del presente recurso de apelación, resulta irrelevante la regulación contenida en el artículo 9 del Reglamento del Congreso de los Diputados, a la que se refiere expresamente el apelante, ya que este régimen jurídico no resulta de aplicación a los hechos aquí enjuiciados.
En cuanto al pago de cantidades en concepto de “asistencias diarias”, una vez alcanzada la edad de jubilación y durante los meses de septiembre de 2018 a junio de 2019, de la regulación aplicable, se desprende que será legalmente compatible percibir la pensión de jubilación y ejercer, a su vez, un cargo electo en una Corporación local, pero siempre que no se ejerza el cargo con dedicación exclusiva y que no se reciban retribuciones periódicas procedentes de dicha corporación.
La sentencia de instancia sí identifica expresamente la normativa contable y presupuestaria aplicable que resulta vulnerada en el presente caso, y que concretamente se contiene en el artículo 75, apartados 3º y 4º, de la LRBRL, en relación con los artículos 33.1 de la LCPE y 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Por último, en cuanto a las alegaciones cuarta y quinta (iv) el Alcalde ordenó y percibió los referidos pagos sin cerciorarse sobre si los mismos eran o no ajustados a derecho y la Sala concluye que su actuación fue gravemente negligente.
